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Nuestros servicios

Procesos de insolvencia empresarial ley 1116 - reorganización y liquidación - Acuerdos privados

 

Nuestra firma goza de una amplia experiencia en la atención de procesos de insolvencia empresarial, acuerdos de reorganización disciplinados por la ley 1116 de 2006, Nuestros abogados disponen de una gran reputación como promotores empresariales adscritos a la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Salud. De igual manera al ser la insolvencia una de las grandes fortalezas de la firma, se ha logrado reestructurar pasivos en sociedades privadas que superan los $100.000.000.000.
Nuestra firma también lidera procesos de reforma de acuerdos de reestructuración bajo la ley 550, acuerdos privados con acreedores y otras medidas de protección y salvamento empresarial. Finalmente la firma atiende procesos de liquidación societaria por vía judicial ante las autoridades de control y liquidación privada por decisión de los socios.

Aunque en estos acuerdos privados, encontremos que deviene su disciplina del estatuto concursal que regla la Ley 1116 de 2006, se debe precisar que en razón de su contexto esta normatividad resulta ser eminentemente privada, dispositiva y contractualista, por ello, Gil & Roa Abogados, se ha permitido recomendar esta solución de arreglo privado y directo, entre el empresario y sus acreedores, cuando de un profundo y serio análisis, se pueda determinar que esta es, la mejor solución para lograr una recuperación o reorganización empresarial, esta vez, por vía privada y gestada con una adecuada asesoría legal, económica y financiera, desde el interior de la misma empresa.  

Acuerdos privados - Alternativa diferente  en Insolvencia Empresarial

A estos acuerdos privados de insolvencia empresarial, se les conoce igualmente en el escenario concursal, como proceso de validación judicial dé un acuerdo extrajudicial de reorganización, de vital importancia en el claro entendido de tratarse de un mecanismo diferente y directo, entre el empresario deudor y sus acreedores.

Es decir, por primera vez se incorporó en nuestra legislación concursal, un procedimiento privado, un concurso diferente, por ello se trata de un procedimiento novedoso, contenido en esta especial legislación y consistente en que las partes de manera directa, libre y voluntaria, puedan llegar a un acuerdo, sin el imperioso y permanente concurso del Promotor o mediador informado, ni del Juez o nominador del proceso, pues, la experiencia ha demostrado que en no pocas ocasiones, estas participaciones forzosas, lo que generan es crear limitaciones al libre ejercicio de esa facultad negociadora interpartes, a esa autonomía de la voluntad que reina en cada uno, a esa soberanía dispositiva de los interesados de llegar solos y libres a resolver sus diferencias y lograr con ello finalmente un acuerdo que ponga fin a sus dificultades económicas en el plano empresarial.

Como se indica, aquí el  empresario deudor y sus acreedores se ponen de acuerdo en términos de plazos, valores, intereses, quitas, periodos muertos, periodos de gracia, concesiones mutuas, garantías, contragarantías y demás condicionamientos necesarios para gestar interpartes un adecuado y viable acuerdo privado de reorganización extrajudicial, pero que es indispensable por mandato expreso de la ley concursal de turno, someterlo finalmente a la aprobación del juez o nominador del concurso. 

Antecedentes históricos legislativos
No existe en nuestro pasado legislativo, ni siquiera una aproximación a esta figura de acuerdo interpartes, de allí, su concepto de instituto exótico y diferencial  en nuestro panorama concursal, lo cual es de muy buen recibo y de práctica común en otras legislaciones concursales más avanzadas como la Argentina y que en buena hora se recoge y se implementa en nuestro ordenamiento.

Marco legislativo y reglamentación
Su reglamentación la encontramos en la propia y vigente legislación concursal contenida en la Ley 1116 de 2006 y en su Decreto Reglamentario 1730 de mayo 19 de 2009, igualmente en conceptos y oficios de pertinente aplicación, proferidos al respecto por la Superintendencia de Sociedades. 

Competencia
Le corresponde a las partes directamente, sin la figura del Promotor y sin el Juez del concurso, pero después de logrado el acuerdo privado, debe someterse el mismo a la aprobación o validación judicial del Juez, como una especie de control final de legalidad  y de transmitirle a las partes su forzado acatamiento.

Requisitos de la solicitud
Gil & Roa Abogados, ha logrado desarrollar una significativa experiencia en solicitar esta clase de acuerdos privados, en donde lo primero es realizar un estudio ponderado para determinar que este acuerdo privado resulte procedente y acorde con la situación difícil que atraviesa la empresa y que el mismo siempre favorezca ampliamente la viabilidad propia del negocio.

Para que la Superintendencia de Sociedades en calidad de Juez del concurso, de trámite a la solicitud de apertura del proceso de validación judicial de un acuerdo de reorganización extrajudicial de una empresa, se requiere cumplir además con los supuestos establecidos en el artículo 9 de la Ley 1116 de 2006.

EN ESTE TEMA SE RECOMIENDA  LEER:
•    MANUAL PARA LA INVERSION Y LA CONTRATACION EN COLOMBIA.

•    Derecho Comercial Curso Básico, Librería Ediciones del Profesional Ltda., Nelson Roa  Reyes, Segunda  Edición, Bogotá, 2012.

•    El Nuevo Derecho Concursal en América Latina, Nelson Roa Reyes, Revista Colegio de Abogados Comercialistas de Cali, I Congreso de Derecho Comercial, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, 2010.


EN ESTE TEMA SE RECOMIENDA ASISTIR:
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