Buscan prohibir modificaciones unilaterales de los bancos a sus servicios
En la Comisión Tercera del Senado de la República se estudiará un proyecto de ley que propone reforzar la protección de los consumidores financieros frente a prácticas consideradas abusivas por parte de bancos y otras entidades vigiladas. La iniciativa busca impedir modificaciones unilaterales de beneficios, renovaciones automáticas de seguros voluntarios y cobros realizados sin autorización expresa del usuario.
Conductas que se considerarían abusivas
De aprobarse la propuesta, se considerarían abusivas varias conductas hoy frecuentes en la relación entre las entidades financieras y sus clientes:
Eliminación de beneficios
Suprimir beneficios comerciales ya otorgados al usuario sin su consentimiento previo.
Alteración de cupos
Modificar cupos de crédito o condiciones de fidelización de forma unilateral.
Renovación de pólizas
Renovar pólizas voluntarias sin informar oportunamente el derecho de cancelación.
El silencio del cliente no equivale a aceptación
El proyecto establecería que el silencio o la falta de respuesta del cliente no podrá interpretarse como aceptación de nuevos productos, servicios o cargos. Esto invierte la lógica que hoy aplican algunas entidades, donde la ausencia de objeción se asume como consentimiento tácito.
Además, se propone restringir las cláusulas que exoneren a las entidades de responsabilidad por daños derivados de vulnerabilidades tecnológicas, fraude o ataques de ingeniería social —es decir, las técnicas de manipulación empleadas por delincuentes para obtener información confidencial de los usuarios.
Devolución de recursos cobrados indebidamente
Finalmente, se obligaría a las entidades a devolver los recursos cobrados indebidamente en un plazo máximo de 48 horas hábiles, junto con intereses e indemnizaciones económicas equivalentes al valor cobrado. El texto del proyecto remite a la Superintendencia Financiera la facultad de imponer las sanciones correspondientes ante su incumplimiento.
Una protección adicional para el consumidor financiero
De aprobarse, el proyecto fortalecería significativamente la posición del usuario frente a las entidades vigiladas, imponiendo cargas de transparencia y plazos de reacción más exigentes. Conviene que empresas y consumidores sigan de cerca su avance en el Congreso.
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