Análisis: la reforma pensional tiene luz verde, pero todavía puede entrar coja
La Corte Constitucional dio luz verde a la mayor parte de la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional) al considerar que superó el examen por vicios de procedimiento. Sin embargo, esto no significa que la reforma esté completamente blindada, pues todavía existen demandas que cuestionan el contenido de algunos artículos.
Lo que se mantiene de la reforma
La reforma conserva su estructura de pilares solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario, así como el régimen de transición. Aun así, persisten debates sobre su impacto fiscal, el nivel de las prestaciones y la organización del aseguramiento de pensiones de invalidez y sobrevivientes.
El asunto pendiente en la Cámara de Representantes
La Corte ordenó a la Cámara tramitar 10 proposiciones que no fueron debidamente discutidas durante el proceso legislativo y que afectan nueve artículos o apartes, además de una propuesta de artículo nuevo. Estas proposiciones tratan temas especialmente sensibles:
Ahorros pensionales
Propiedad y manejo de los ahorros, prestaciones e inversiones de los recursos.
Comisiones y tributación
Comisiones de administración y tratamiento tributario de algunas pensiones.
Reglas especiales
Reducción de semanas para mujeres con hijos y reglas para comunidades étnicas y campesinas.
Fondo de Ahorro
Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
El dilema del Gobierno y el Congreso
El nuevo Gobierno y el Congreso enfrentan la decisión de continuar implementando la Ley 2381 o impulsar una nueva reforma que la reemplace antes de abril de 2027. Mantenerla permitiría dar continuidad al proceso, aunque implicaría corregir sus problemas y asumir sus posibles debilidades fiscales y operativas; derogarla y crear otro modelo permitiría buscar mayor sostenibilidad, pero generaría nuevamente incertidumbre y un complejo proceso político.
Cumplir lo ordenado y prepararse para la entrada en vigencia
Por ahora, la opción considerada más responsable es cumplir rigurosamente lo ordenado por la Corte y preparar la entrada en vigencia de la reforma para abril de 2027, sin descartar futuras modificaciones. El debate debe centrarse en qué sistema protege mejor a los adultos mayores y resulta fiscal y técnicamente sostenible.
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