Con la trágica llegada de la pandemia y su directa afectación de la economía a nivel mundial, se hizo necesario revisar las legislaciones concursales y de insolvencia, de ahí que cada nación se haya puesto en la tarea de rediseñar su legislación concursal, en Colombia se expidieron los decretos 560 y 772 este último se ocuparía de las pequeñas insolvencias (entiéndase con activos inferiores o iguales a 5000 SMMLV), es decir, con este límite o condición económica, solo podrán acceder a este trámite dichas sociedades para tramites de reorganización y liquidación.

Toda esta normatividad de excepción es complementaria de la Ley marco de la Insolvencia como en la Ley 1116 de 2006.

Los decretos excepcionales de la insolvencia 560 y 772, lo que procuraron fue flexibilizar el proceso como tal, reducir su tramitología en el claro entendido que en tiempos críticos las normas deben ser de más fácil acceso, deben contener una mayor simplicidad que le ayude realmente al empresario insolvente a incursionar en dicho proceso rápidamente porque lo sustancial debe estar por encima  de lo simplemente formal como decían los clásicos a “grandes males, grandes remedios”.